Prohibido Olvidar – En honor las victimas del 27F

El 27 de febrero de 1989 comienza en la ciudad de Guarenas, Estado Miranda, una masiva protesta popular en consecuencia al aumento unilateral del pasaje sub-urbano de la ruta Guarenas-Caracas, la protesta, en principio pacífica, se tornó violenta a causa de la represión ejercida por los organismos de seguridad.

Las protestas rápidamente llegaron a la ciudad de Caracas y fueron fuertemente reprimidas tanto por la Guardia Nacional, como por el Ejercito y la Policia Metrpolitana. El Ejecutivo Nacional daba la orden de activar el Plan Ávila y de “contener por cualquier medio” las protestas populares.

El horror llegaría a partir del 28 de febrero, cuando el gobierno decide suspender algunas garantías constitucionales, y las fuerzas del “orden” hicieron de las suyas bajo el amparo y aval del Ejecutivo Nacional.

A partir de entonces se vió todo tipo de atrocidades, observábamos a policias y militares disparando con sus fusiles al pueblo desarmado. Era solo un niño entonces, pero aun recuerdo como la policia metropolitana cerraba la santamaría de un Central Madeirense con gran cantidad de personas saqueándolo, y acto seguido lanzaba gran cantidad de bombas lacrimógenas, mas de 100, en un establecimiento cerrado, con mas de 500 personas adentro. Luego vi a esos mismos policias desde la ventana de mi casa disparando a la santamaría sin importarles si había gente tratando de salir del local. Uno de los policias señaló a mi edificio y comenzaron a efectuar disparos a los apartamentos, es que un vecino los estaba grabando.

El día 2 de Marzo este vecino, cuyo nombre recuerdo aún: JAVIER; desapareció junto a su esposa y no regresó nunca mas. Años después me enteraba que Javier había aparecido pero no su esposa, apareció en “La Peste”, la fosa común donde fueron a dar las víctimas de una masacre. Javier dejó a un bebé que hoy tiene 25 años, se llama Jesús y es un gran amigo desde la infancia. Jesús creció sin su padre y sin su madre, lo crió su abuela Marta, y aun hoy no sabe donde se encuentra su madre.

Las cifras oficiales ofrecidas por el Ejecutivo Nacional hablaron de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Esa cifra inicial fue desvirtuada por la posterior aparición de fosas comunes. La abrumadora mayoría de las muertes fue ocasionada por disparos indiscriminados realizados por agentes del Estado venezolano o fueron el resultado de ejecuciones extrajudiciales. En total mas de 1500 personas ajusticiadas y aun hoy, 27 de febrero de 2012 hay numerosos desaparecidos.

Está prohibido olvidar lo que pasó, está prohibido olvidar a las víctimas, está prohibido olvidar la represión y la brutalidad.

En honor a Javier, a su esposa cuyo nombre no recuerdo y a Jesús, transcribiré parcialmente una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el hecho.

Gaceta Oficial Nº 37.868 del 29 de enero de 2004 [transcripción parcial]

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso del Caracazo vs. Venezuela

Reparaciones

(Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos)

SENTENCIA DE 29 DE AGOSTO DE 2002
Hechos Probados

[…]
Hechos generales

66.1. el 27 de febrero de 1989 un número indeterminado de personas iniciaron una serie de disturbios en la ciudad de Guarenas, Estado Miranda, como consecuencia del aumento de las tarifas de transporte urbano y de la falta de reconocimiento del pasaje preferencial estudiantil por parte del Poder Ejecutivo. Dichos disturbios se propagaron después a otras zonas del área metropolitana de Caracas;

66.2. el 28 de febrero de 1989 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 49, mediante el cual ordenó la suspensión de varias garantías establecidas en la Constitución venezolana. En los días subsiguientes se aplicó un toque de queda. Durante el período de excepción, los órganos de seguridad del Estado (Policía Metropolitana, Guardia Nacional y Ejército) realizaron una serie de operativos tendientes a reprimir los disturbios y se puso en práctica un plan militar secreto denominado “Ávila”. Las garantías constitucionales fueron restablecidas el 22 de marzo de 1989;

66.3. los sucesos de febrero y marzo de 1989, según cifras oficiales, dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Esa cifra inicial fue desvirtuada por la posterior aparición de fosas comunes. La abrumadora mayoría de las muertes fue ocasionada por disparos indiscriminados realizados por agentes del Estado venezolano o fueron el resultado de ejecuciones extrajudiciales; y

66.4. en este caso existió un patrón común caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales, acompañado del ocultamiento y destrucción de evidencia, así como el empleo de mecanismos institucionales para asegurar la impunidad de los hechos.
Inhumación de cadáveres en fosas comunes

66.5. durante los sucesos de febrero y marzo de 1989, el Estado ordenó, a través del Poder Ejecutivo, que se procediera a la inhumación de un número indeterminado de personas fallecidas a causa de los sucesos de este caso; en fosas comunes ubicadas en el sector denominado “La Peste” del Cementerio General del Sur de Caracas, con infracción de las normas legales y administrativas que regulan los respectivos procedimientos. Funcionarios estatales inicialmente negaron la existencia de fosas comunes;

66.6. el 23 de octubre de 1990 COFAVIC, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y otras personas denunciaron ante el Ministerio Público las presuntas inhumaciones irregulares de cadáveres no identificados en el Cementerio General del Sur de Caracas, llevadas a cabo desde el 27 de febrero de 1989 hasta el 15 de octubre de 1990. El asunto fue remitido al Tribunal Décimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que inició una averiguación sumaria al respecto el 30 de octubre de 1990;

66.7. el 5 de noviembre de 1990 el Tribunal Décimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda de Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, practicó inspecciones judiciales en el Cementerio General del Sur, a fin de determinar si se habían cometido las irregularidades en la tramitación del ingreso de cadáveres inhumados en las fosas comunes. Con ocasión de ello, dejó “constancia [de] que en los libros de registro no aparecen registradas las víctimas enterradas en el sector Norte 6 (‘La Peste’) de los sucesos del 27/2/89”. Posteriormente, dicho tribunal ordenó realizar los procedimientos de exhumación de cadáveres en el cementerio de referencia, las cuales se iniciaron el 13 de noviembre de 1990 bajo la dirección del equipo multidisciplinario de la División General de Medicina Legal;

66.8. el 28 de noviembre de 1990 se dio a conocer a la opinión pública que habían aparecido los primeros restos en la parcela número seis norte de Sector “La Peste” del Cementerio General del Sur, de la ciudad de Caracas. Ello se basó en la realización de exhumaciones de numerosos cadáveres, de los cuales sólo 68 correspondieron a personas cuya muerte había ocurrido en febrero o marzo de 1989. Fueron localizados y exhumados 64 cadáveres, de los cuales fueron identificados y entregados a sus familiares los cuerpos de tres de las víctimas del presente caso: José del Carmen Pirela León, Javier Rubén Rojas Campos y Leobaldo Antonio Salas Guillén. En marzo de 1991 habrían sido identificados por necrodactilia tres cadáveres más, que aún reposan en los nichos, entre los cuales estaría el de Jesús Calixto Blanco; y

66.9. en agosto de 1991 el procedimiento de exhumación e identificación de los restos mortales fue paralizado. El 22 de enero de 1997 el Tribunal Décimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas decidió mantener abierta la averiguación penal hasta tanto fueran plenamente identificados los culpables de las muertes.
En relación con las investigaciones penales

66.10. desde 1989 se iniciaron diversas investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos, tanto de los homicidios como de las inhumaciones irregulares, mediante averiguaciones penales surgidas de denuncias interpuestas ante los tribunales penales ordinales y militares, por familiares de las personas fallecidas y heridas, por agrupaciones no gubernamentales, o iniciadas de oficio en algunos casos, por los propios órganos de instrucción;

66.11. las investigaciones penales iniciadas en relación con los hechos del caso, tenían carácter secreto y las víctimas y sus familiares no tuvieron acceso a ellos, porque se lo impedían las disposiciones procesales vigentes referentes a la etapa del “sumario”, prevista en el Código de Enjuiciamiento Criminal derogado. Tras la entrada en vigor del Código Orgánico Procesal Penal el 1º de julio de 1999, se eliminó el sumario;

66.12. el 28 de mayo de 1999 el Fiscal General de la República de Venezuela presentó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud para que este órgano se avocara al conocimiento de las averiguaciones penales tendientes al esclarecimiento de los hechos, los cuales las cuales habían sido iniciadas hacía más de diez años y la mayoría de las cuales no pasaron de la denominada “etapa sumarial”, lo cual se tradujo en un evidente “retardo procesal”, pues en ningún caso había sido dictada sentencia definitiva;

66.13. el 23 de septiembre de 1999 la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar la solicitud al considerar que “dado el número considerable de víctimas, las personas presuntamente responsables de tales muertes (efectivos militares y policiales) así como el contexto social en que ocurrieron, [dichas investigaciones] poseen un carácter excepcional, carácter este que no fue considerado por los órganos encargados de la investigación, pues es evidente que hasta la fecha, al no producirse ninguna decisión en torno a los prenombrados hechos, se ha incurrido en una aberrante denegación de justicia, cuyas consecuencias han traspasado los límites nacionales, ejemplo de lo cual son las denuncias interpuestas en contra del Estado venezolano ante organismos internacionales por las presuntas violaciones de los derechos humanos que los tribunales, tanto de la jurisdicción penal ordinaria como de la jurisdicción especial militar, en diez años, han sido incapaces de resolver”. Con base en esas consideraciones y estimando, además, que tanto el “significativo retardo judicial, como el desorden judicial, con el cual se han tramitado los juicios penales han constituido una afrentosa denegación de justicia”, la mencionada Sala se avoca al conocimiento y decisión de las correspondientes causas. Adicionalmente, dicha Sala decidió que las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal se aplicarían a los procesos que se iniciaron desde su entrada en vigor, aun cuando los hechos punibles hubieren sido cometidos con anterioridad. Por último, la aludida Sala-Político Administrativa ordenó desglosar los expedientes referentes a todas las averiguaciones penales iniciadas, para luego formar un expediente individual por cada persona que hubiere fallecido o hubiere resultado lesionada en los hechos objeto de las causas avocadas con el fin de determinar la existencia, de ser el caso, de “las irregularidades de orden administrativo que pudieran resultar de las actualidades u omisiones de quienes tuvieron a su cargo la dirección de los juicios y de los organismos que han intervenido en éstos”, así como remitir al Ministerio Público las causas en que existan elementos probatorios suficientes para presumir la responsabilidad penal de determinadas personas en los hechos del caso;

66.14. el 24 de febrero de 2000 la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia declaró concluida la función jurisdiccional en relación con el avocamiento que había decidido y ordenó la remisión de las 437 causas, originadas en el desglose de expedientes de averiguaciones penales, al Fiscal General de la República para que este ordenara y dirigiera la investigación de los hechos, de conformación con las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, con el fin de establecer la identidad de los autores materiales e intelectuales y partícipes y ejercer las acciones pertinentes tanto contra quienes impartieron las órdenes, como contra quienes las ejecutaron;

66.15. en la actualidad, las 437 causas se encuentran en la fase preliminar de la investigación a cargo de la Fiscalía Vigésimo Primera del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, 41 de las cuales corresponden a víctimas del presente caso. Sólo en caso de Luis Manuel Colmenares, el cual se encuentra ante el Tribunal Décimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control, existe una acusación contra dos oficiales de la Policía Metropolitana, quienes estuvieron bajo prisión preventiva. En el caso de Crisanto Mederos, la Fiscalía solo ha individualizado a los imputados; y

66.16. a la fecha de la presente Sentencia, en ninguna de las causas abiertas, las autoridades judiciales internas han adoptado una decisión definitiva en la que se identifique a los responsables y se establezcan las sanciones correspondientes a los hechos del presente caso.

“Los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento
de sus gobernados”

Publicado por: Lestat

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Publicado el 27 febrero, 2012 en .. Añade a favoritos el enlace permanente. 1 comentario.

  1. FGHJFGHDFGSDFGFGHJFGH

    CASINOS DE APUESTAS CON HUMANOS ESTALLARLES ZONAS DEL CUERPO PARA GANAR DINERO – CASINOS BETTING HUMAN BODY ESTYARLES AREAS TO MAKE MONEY

    CASINOS HUMANOS EN ESPAÑA, ALEMANIA, INGLATERRA, SUIZA, UE, CANADA, VENEZUELA. ACOSO ORGANIZADO DE ESTALKERANETAS USA EUROPA.

    CASOS EN LOS QUE CAUTERIZAN AL SUJETO, LO IRRADIAN, MANIPULAN A SU FAMILIA, OBTIENEN INFORMACION BIOLOGICA, ROBAN INFORMACION, APUESTAN.

    LO HACEN EN OTROS HABITANTES PERO LOS DETERIOROS Y SENSACIONES, NO SON OBSERVABLES.

    USTEDES ESTAN EN ESTADOS EN LOS QUE LOS POLITICOS LOS ASESINAN Y USTED NO SABE QUE LO HACEN.

    TENEMOS MILES DE DENUNCIAS Y NADIE RESPONDE.

    SON ACUSACIONES QUE SE LA HACEN AL REY JUAN CARLOS DE ESPAÑA, SIMULA NO CONOCER Y EVITA HABLAR DE ELLO POR QUE SABE QUE LE DAN PENA DE MUERTE.

    CASO DE ACOSO ELECTRONICO ESPAÑA, REYES ROBANDO Y RECIBIENDO DINERO POR CRIMENES Y GENOCIDIO.

    EXPLICACIONES DE LO QUE ES VOICE IN TO SKULL – VOCES EN EL CEREBRO TRANSMITIDO DESDE SATELIES ESQUSOFRENIA SINTETICA – POLITICOS QUE QUIEREN
    QUE CREAN QUE PIENSES QUE TINEN PATOLOGIAS – ROBO DE EXPEDINTES PARA QUE NO SE CONOZCAN LOS CRIMENES.

    HACER CREER A LOS MEDIOS QUE HAY ESQUISOFRENICOS MIENTRAS MANIPULAN POLITICOS

    Greg Szymanski entrevista a J. McKinney 1de3 Sub

    “The Program”, explained (The Takedown Program) Subtitulado

    CASOS EN INGLATERRA. MODELOS QUE LE PAGAN PARA MANIPULAR A POLITICOS – OJO CAPRILES!!!!!!!

    MUY IMPORTANTE CON LAS DESICIONES QUE TOMAN CONSTRUYANSE CAJA DE FARADAY.

    Electronic Harassment: Voices in My Mind

    CASINOS HUMANOS EN ESPAÑA, ALEMANIA, INGLATERRA, SUIZA, UE, CANADA, VENEZUELA. ACOSO ORGANIZADO DE
    ESTALKERANETAS USA EUROPA.

    history cahnel

    Crimen Organizado del Vaticano y La Mafia de Sicilia (Documental Canal Historia)

    ——————————————————————

    INTELIGENCIA, CONTRA INTELIGENCIA HACERLES CREER ALGO PARA QUE NO SE CONOZCAN OTRAS
    OPERACIONES.

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